Resaltan anomalías en obras públicas

 

Jaime Hernández / Pulso

San Luis Potosí fue el cuarto estado con mayor monto por aclarar en el ramo de la obra pública, de acuerdo a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, destacó en un reporte el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), que también señaló al rubro de salud como el de mayores anomalías para la entidad.

En el diagnóstico "Hablemos de auditorías: gasto federalizado", el Imco analiza los resultados de los reportes finales del ejercicio 2019 publicados recientemente por la ASF.

A nivel general, el Imco señaló que San Luis Potosí se ubica en el séptimo lugar entre los estados con mayor monto observado, con 300 millones de pesos por aclarar.

El monto más alto de anomalías se dio en el sector de infraestructura, en donde se observaron 177 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Con ese monto, el estado se ubica en el cuarto lugar con mayor cantidad observada. La CDMX, Michoacán y el Estado de México son los primeros tres estados de la lista.

El resto de las observaciones consignadas en el reporte del Imco se dieron en el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA).

En ese ramo, San Luis Potosí resultó con observaciones por 123 millones de pesos, que ubican al estado en el décimo primer sitio entre los estados.

Entre sus conclusiones, el Imco detectó que las entidades mantienen una baja autonomía presupuestaria, además de que, los estados no aprovechan sus recursos públicos y presentan una debilidad en sus finanzas, lo que les impide atender demandas sociales como salud, educación, seguridad e infraestructura pública.

La institución hace algunas propuestas para mejorar el desempeño presupuestario. Sugiere, por ejemplo, que se vinculen los resultados de la auditoría con el siguiente proceso de programación y presupuestación es urgente. 

De lo contrario, advierte, el aprendizaje del ejercicio y fiscalización del gasto público no será aprovechado.

Agrega que deben actualizarse los marcos jurídicos de planeación estatales para reforzar o asegurar la incorporación de los resultados en el diseño de programas, y vigilancia del gasto público.

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