El viernes 8 de enero de 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó un comunicado en el que exhorta al ayuntamiento de San Luis Potosí capital a “trabajar de forma coordinada con la Semarnat y el gobierno estatal en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de dicho municipio”.
El anuncio no es espontáneo, sino que es consecuencia del proceso para actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí.
El Ayuntamiento de la capital, encabezado por el alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño, busca modificar (mediante una consulta pública y las discusiones para aprobarla que tendrán lugar la próxima semana dentro del cabildo potosino) las estrategias de expansión urbana para que sea posible cambiar el uso de suelo en la región de la Sierra de San Miguelito, aledaña a la zona metropolitana de la ciudad.
El cerro de San Miguelito está en medio de un proceso de análisis para aprobar la declaratoria que lo convertiría en una Área Natural Protegida (ANP). El proceso comenzó el 6 de octubre de 2020 y, hasta que no tenga un dictamen, el territorio deberá permanecer sin modificaciones, al menos así lo solicitó la titular de Semarnat, María Luisa Albores González.
Así también está establecido en el programa de desarrollo urbano de la capital potosina. El documento establece que, “mientras se lleve a cabo dicho análisis (la declaratoria del ANP), el sitio deberá mantenerse en las condiciones con los usos que tiene actualmente y a la espera de que se defina la poligonal (demarcación territorial) del ANP y su respectiva área de amortiguamiento”.
Por eso, la Semarnat busca que cualquier modificación al plan urbanístico del Ayuntamiento espere hasta después de aprobar la declaratoria y que sea realizada en cooperación con el gobierno federal.
Ante esto, y ante una acusación directa del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el presidente municipal interino dijo que las modificaciones a los documentos de planeación territorial serán hechas de acuerdo con los protocolos legales y pidió al gobierno federal que si quiere hacer una solicitud, haga lo propio.
“Las zonas de reserva sobre las que habla el vocero, legalmente no están decretadas como tal. Sobre las que existen decretos de protección, están desde luego intocadas, si se refiere a zonas futuras, le damos desde ahora la bienvenida a sus aportaciones, las cuales deberá realizar en el marco de legalidad y respeto a las competencias de cada orden de gobierno, y serán siempre tomadas en cuenta”, expresó Lujambio en un comunicado.
El alcalde interino sostuvo que la modificación a las estrategias urbanas (misma que abriría las puertas al desarrollo inmobiliario en la sierra) es una acción que “sienta las bases para un crecimiento ordenado, sustentable, y responsable”.
La federación no es la única agrupación que pidió al Ayuntamiento de San Luis respetar la condición protegida del territorio. En 2018, los habitantes de la comunidad de San Juan de Guadalupe, en el territorio protegido de la Sierra de San Miguelito, presentaron un amparo para proteger sus terrenos del despojo inmobiliario. El amparo con número de expediente 6883/2018 fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente al dictamen, el Ayuntamiento de San Luis Potosí expresó que el amparo no impedía ni suspendía la consulta pública para modificar los planes de desarrollo urbano. Antes de que el cabildo de una determinación sobre la misma, los comuneros de la zona realizaron manifestaciones para exigir la conservación de la Sierra de San Miguelito.
Fuente INFOBAE
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