Ex funcionarios y un diputado local que promovieron demandas millonarias por "daño moral" contra Pulso, San Luis Hoy y el director general de Editora Mival, Pablo Valladares García, fueron condenados a pagar gastos y costas de sus promociones por ociosas e infundadas.
Los actores de los juicios reclamaron que informaciones sobre sus desempeños públicos en San Luis Hoy y Pulso les causaron agravio. El entonces diputado local y dirigente del Partido Verde Manuel Barrera Guillén presentó demanda para obtener diez millones de pesos como "indemnización", pues se dijo dolido por la publicación de las declaraciones de un dirigente municipal de su partido que lo acusó de "vender candidaturas".
Arguyó daños en lo personal como porque Pulso hizo pública la acumulación de bienes con valor de 21 millones de pesos que él y su esposa, titular de Segam, lograron en una década de cargos públicos.
El legislador alegó que la información publicada lo hizo blanco de "extorciones" (sic), daño psicológico y ataques físicos y morales. Los titulares de los juzgados Segundo y Tercero Civil, absolvieron a la parte demandada porque, con base en la legislación y convenios internacionales sobre libre expresión, las publicaciones sólo atendieron con puntualidad la naturaleza del objeto de los medios de comunicación como espacios de expresión de ideas e información sobre temas de interés público. En cambio, el demandante no probó su acción.
En la misma sentencia, el 28 de febrero de 2019, condenó a Barrera Guillén al pago de gastos y costas de la promoción que hizo. El 17 de julio de 2019, el incidente de gastos y costas fijó el monto a pagar en un millón de pesos. El 13 de diciembre de 2019, se declaró el formal embargo de las cuentas del diputado en al menos tres instituciones bancarias.
Fernando Barrera Guillén, hermano del ex diputado del Verde y ex funcionario de la Auditoría Superior del Estado, también demandó a los medios de Grupo Mival con la pretensión de obtener diez millones de pesos. El 18 de enero de 2019, un mes antes de la sentencia para las demandas del mismo tipo que promovió su hermano, Fernando Barrera se desistió de la instancia y de la acción.
El 17 de julio, la titular del Juzgado Segundo Civil lo condenó a pagar un millón de pesos por la promoción de este juicio; el 13 de diciembre pasado se declaró el embargo de un inmueble de su propiedad, actualmente en valuación para remate.
Abraham Payán Torrescano, de quien se publicaron informaciones relativas a su cargo como contralor de la Auditoría Superior del Estado, demandó en 2017 por daño moral con la pretensión de obtener 5 millones de pesos.
Se desistió en octubre de 2018, pero se le condenó al pago de medio millón de pesos por la promoción de este juicio. No se le han embargado bienes porque no se encontró uno solo en el Registro de la Propiedad.
El ahora diputado local por el Verde, Edgardo Hernández Contreras, alegó daño moral y pretendía una indemnización para sus agravios por 10 millones de pesos.
Se desistió en marzo de 2019, pero no se libró de una condena a pagar gastos y costas por un millón de pesos.
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