Se cumplen 18 meses de ensayo-error en el sistema de salud, del que dependen decenas de millones de personas, las de mayor vulnerabilidad. El balance no puede ser más lamentable, pero tampoco más difícil de evaluar, porque las víctimas son en su mayoría invisibles, o están sepultadas.
Las paradojas resultan inevitables: La pandemia impuso un gigantesco desgaste de recursos humanos, materiales e infraestructura, pero el sector sufrió nuevos recortes este año, decretados por la Secretaría de Hacienda.
El deterioro podría reflejarse en una sola cifra, brutal: 7 de cada 10 contagiados de Covid-19 intubados en hospitales públicos muere; la proporción es inversa en los hospitales privados: 70% sobrevive. No solo alcanzamos el “escenario catastrófico” con 50 mil muertos previsto por Hugo López-Gatell. Hacia el fin de año quizá lo dupliquemos. Paradójicamente, está bajo diseño en Palacio Nacional un paquete de nuevas atribuciones para premiar al locuaz vocero.
Las conferencias presidenciales han sido foro para denunciar monopolios en la venta y distribución de medicamentos. Quien estudie el modelo descubre pronto que la corrupción radicó siempre en la complicidad entre vendedores y funcionarios para hacer compras pequeñas, aisladas y a última hora, de emergencia.
Porque es cuando las supervisiones se diluyen, el producto escasea y los precios se disparan.
Desde hace años la solución inicial fueron las “compras consolidadas”, con un solo negociador, que siempre fue el IMSS, el cual adquiere y prescribe 80% de los medicamentos y materiales sanitarios que consume el sector. Se firmaban acuerdos hasta por 100 mil millones de pesos al año. De esas compras se escabullían, mostrando el cobre, dependencias “doradas”, como Pemex, las fuerzas armadas y, parcialmente, los estados.
Hacienda, que ahora conduce Arturo Herrera, se erigió en cuello de botella, pero atrajo lo que se buscaba evitar: entre marzo y junio la dependencia debió autorizar, según reportes publicados, compras de pánico de medicinas por 31 mil millones de pesos … mediante asignaciones directas. Se anuncian adquisiciones en el extranjero o adhesiones a esquemas coordinados por organismos internacionales que, por escrito, se deslindan de la calidad de las medicinas que consigan.
Paradoja a manera de conclusión: estábamos mejor cuando estábamos peor.
Apuntes:
Frida Martínez hizo las veces de oficial mayor (secretaria general era su cargo formal) de la Policía Federal en el pasado sexenio, cuando esa corporación dependió de la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong. Martínez acumuló 15 años al servicio del político hidalguense que hoy conduce la bancada del PRI en el Senado. Ella reportaba directamente con el oficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez, quien desde esa posición fue el principal operador de Osorio e impuso en al menos la mitad de las dependencias federales a sus homólogos, responsables del manejo de los dineros, pero en especial, de contratos. Esa estructura de poder dentro del poder es de sobra conocida por funcionarios clave de la administración López Obrador. Algunos incluso fueron sus víctimas. Márquez, por ejemplo, manejó el control de daños durante la defenestración del entonces fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Habrá que ver si se va a fondo o todo se maneja con cálculo político, incluso electoral.
source https://sanluis.eluniversal.com.mx/content/salud-improvisacion-y-opacidad
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