Para llegar a convertirse hoy en día en la organización más violenta y poderosa del narcotráfico en México, al grado de que puede desafiar y atacar al Estado mexicano sin sufrir ninguna consecuencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó por dos momentos claves en los dos últimos sexenios: el primero, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se consolidó e incrementó su presencia en el territorio nacional y su capacidad de fuego, al grado que derribó en mayo de 2015 un helicóptero Cougar del Ejército Mexicano, con un disparo de lanzagranadas, matando a 7 militares en el municipio de Villa Purificación, en sus dominios en la costa de Jalisco; y el segundo momento fue el atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, el 26 de junio pasado.
Entre esos dos momentos la organización comandada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” pasó de ser sólo uno más de los cárteles de la droga, para convertirse en una auténtica y real amenaza para la seguridad nacional, no sólo por su capacidad de fuego y sus ejércitos fuertemente armados y con entrenamiento paramilitar que obedecen ciegamente al “señor Mencho”, sino por transgredir límites y desafiar abierta y retadoramente al Estado mexicano con acciones que ningún otro grupo del narcotráfico había intentado, exhibiéndose en actos de propaganda como una “fuerza militar paralela” a las fuerzas armadas mexicanas y planeando y ejecutando ataques y atentados en plena capital de la República.
En esos dos hechos, el derribamiento del helicóptero de la Sedena y el ataque al jefe policiaco de la CDMX, las respuestas de los presidentes en turno que, lejos de combatir y atacar frontalmente a este grupo para debilitarlo en sus estructuras operativas, armadas y financieras, lo terminaron fortaleciendo y fomentando el crecimiento de la organización y la imagen de “intocable” de su líder Nemesio Oseguera. Porque ya son tres gobiernos que no han querido o no han podido frenar y desmantelar al CJNG: el de Felipe Calderón, donde surgió como resultado de la atomización y división del Cártel de Sinaloa; el de Enrique Peña Nieto, donde lo dejaron crecer y fortalecerse con aparente protección desde las esferas federales, y el de Andrés Manuel López Obrador, en donde han dejado al Mencho desafiar abiertamente con atentados y violencia en plena capital del país, además de presumir sus despliegues armados y sus repartos de despensas y ayudas sociales en varios estados, sin que la autoridad federal reaccione y les haga frente.
Peña, el error de la exclusividad al ejército
Cuando el 1 de mayo de 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en la sierra de la Costa de Jalisco, en el municipio de Villa Purificación, quedó muy claro que ese grupo no era ya sólo una célula escindida del Cártel de Sinaloa, sino que se había convertido en una organización que tenía una fuerza armada propia y capaz de atacar y tirar, con un lanzagranadas, a una aeronave militar tripulada. De 16 pasajeros militares que viabajan en el helicóptero tipo Cougar, 14 del Ejército y 2 de la Policía Federal, 7 soldados murieron en el ataque que ocurrió cuando la nave sobrevolaba los territorios de dominio del Mencho, dentro del llamado “Operativo Jalisco” que terminó con más bajas oficiales que golpes reales a la organización criminal.
Hasta ese momento, el combate al CJNG lo realizaban conjuntamente la Sedena, Marina y la Policía Federal, pero tras aquel ataque a los militares, el secretario de la Defensa de entonces, general Salvador Cienfuegos, le pidió al presidente Peña Nieto que le otorgara “intervención completa y exclusividad al Ejército” para enfrentar a la organización de Nemesio Oseguera. La exclusividad militar, lejos de funcionar, permitió que el grupo incrementara su presencia y su violencia en todo el territorio nacional, pues el Ejército no fue capaz de frenarlos y la Marina y la extinta PF dejaron de combatirlos por instrucciones presidenciales. Después de ese evento, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha cometido cualquier cantidad de hechos delictivos sumamente violentos en el país, sin que nadie los detenga. Cada día hacen demostraciones de fuerza más importantes y lo mismo asesinan brutalmente a jueces que atentan contra secretarios, o publican videos mostrando su músculo y fuerza en un claro desafío al Gobierno Federal.
La tibieza y el miedo de López Obrador
El otro error presidencial que terminó fortaleciendo aún más al cártel del Mencho ocurrió el 27 de junio pasado, un día después de que un comando armado de cerca de 30 sicarios equipados con armas de muy alto poder, incluidas dos Barrets calibre 50, intentaron ejecutar al secretario de Seguridad de la Ciudad de México en pleno Paseo de la Reforma, en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mañana siguiente de aquel brutal atentado al que sobrevivió de milagro Omar García Harfuch, no sólo fue decepcionante sino muy preocupante: el jefe del Estado mexicano claudicaba a su responsabilidad de responder a un desafío directo y altamente violento a su gobierno cuando, en lugar de anunciar una estrategia frontal para combatir al CJNG y responder con toda la fuerza y poder del Estado contra esa organización criminal, repitió su consabido discurso: “no habrá ni guerra ni pacto”, aunque al final terminó no habiendo ninguna respuesta.
Fue como si a López Obrador le hubiera temblado una vez más la mano y el miedo lo haya hecho renunciar a su obligación de defender al Estado de la violencia criminal, tal y como lo hizo aquel 17 de octubre de 2019 cuando, invocando “razones humanitarias”, terminó por rendir al Ejército mexicano y obligarlos a doblegarse ante las amenazas del Cártel de Sinaloa, entregándoles a un detenido con orden de aprehensión como Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera. Del mismo tamaño que aquella penosa rendición y capitulación ante los barones del narco sinaloense, fue la nula respuesta que tuvo el Presidente de México al intento de asesinar al jefe de la policía más grande de la República en pleno corazón político del país, sólo que esta vez la rendición de López Obrador fue ante el “señor Mencho”, como llaman sus sicarios al sanguinario capo.
Notas indiscretas
Ayer por la noche en Twitter, el periodista Omar Sánchez de Tagle adelantaba que la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal 19 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la extinta Policía Federal. En la lista de quienes podrían ser detenidos mencionaba a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la PF, acusada de desviar recursos en compras de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios y con compras simuladas, y a otro exfuncionario como Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a quien acusan también por desvíos cuando fue secretario general y Director de Administración de la misma Policía Federal. El caso, decía Sánchez de Tagle, fue radicado en un juzgado de Almoloya y en las próximas horas se podrían liberar las órdenes de aprehensión. Llaman la atención que algunos de los mencionados por el periodista como acusados tienen vínculos fuertes con personajes políticos como el actual canciller Marcelo Ebrard, quien recomendó a Jesús Orta para que fuera secretario de Seguridad a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y en el caso de Frida Martínez, su cercanía con el actual senador priista, Miguel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación…La denuncia que esta semana presentó la Fiscalía de Tamaulipas en contra de Jorge Eduardo Rivera Schotte, en relación a la entrega de 350 mil dólares a los responsables financieros de la campaña del PRI, por medio de la empresa Odebrecht, con la cual se busca imputar a Emilio Lozoya por sobornos entregados para apoyar la campaña de Rodolfo Torre Cantú, ha causado un impacto mediático dentro del gobierno estatal. Porque si bien el hoy señalado Rivera Schotte apoyó al fallecido candidato del PRI en su campaña para gobernador, también era parte del grupo cercano de amigos de Ismael Cabeza de Vaca, actual senador de la República y hermano del gobernador tamaulipeco. Lo más curioso es que la investigación del Fiscal General Irving Barrios Mújica dice que estas indagatorias con las que buscan acusar a Lozoya con base en los dichos de un “testigo protegido”, datan de 2018, pero un año después, el 1 de noviembre de 2019, el gobernador Cabeza de Vaca nombró a un hermano de Rivera Schotte, José Federico, como director de la Comapa en Tampico. Incluso, hace 15 días al fiscal Barrios lo vieron reunirse con los dos hermanos Rivera Schotte. Todo esto hace que en el estado ya muchos se pregunten si toda esta investigación para acusar a Emilio Lozoya Austin de haber negociado sobornos para el PRI tamaulipeco, ¿no será una forma de “lavarse la cara” o “vacunarse” de las posibles acusaciones que el exdirector de Pemex pueda hacer ante la FGR?...Los dados mandan Serpiente. Semana negra.
source https://sanluis.eluniversal.com.mx/content/los-dos-momentos-en-que-gano-el-mencho
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