Emilio Lozoya es un hombre afortunado. Hijo de uno de los políticos más encumbrados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Thalman, “El Principito” –como le apodan algunos– nació en cuna de oro y estudió en las mejores escuelas (ITAM, UNAM y Harvard). Además de español, habla inglés y alemán. Su esposa es heredera de uno de los imperios de bebidas más grandes de Europa y él heredero de influencias y una fortuna incuantificable que aprendió a gestionar desde distintos fondos de inversión con sede en paraísos fiscales. Fue director para América Latina del Foro Económico Mundial y oficial de Inversiones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Su único pecado, dicen sus cercanos, fue pervertirse cuando fue director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero hasta eso puede librar con todas las gestiones que ha hecho su padre y los abogados liderados por el influyente exmagistrado Baltazar Garzón, quien se encargó de cerrar filas con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. ¿Qué más podría pedir Emilio Jr., un representante del neoliberalismo salvaje, emblema de la corrupción mexicana y ahora testigo protegido de la 4T?
En octubre de 2017, en un arrebato de poder e impunidad, Emilio Lozoya dijo a sus detractores que tenía recursos y tiempo de sobra para “romperles la madre” por criticarlo y acusarlo de corrupción. ¿Hacia quiénes iban dirigidas esas palabras? ¿Hacia los personajes que considera lo traicionaron, como el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray? ¿O estaban dirigidas a los periodistas, a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación que encontraron serias inconsistencias en las adquisiciones de las plantas de Fertinal y Agronitrogenados, y en el uso indiscriminado de las aeronaves de Pemex? ¿O en contra de otro de sus archienemigos, el entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, quien ahora encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera y le ha congelado cuentas?
No se sabe a ciencia cierta quién o quiénes eran los destinatarios de ese mensaje, pero la extradición de Lozoya a México ha probado las dos cosas: que tiene recursos (dinero e influencia), y tiempo (se tomó todo el que quiso para planear su estrategia legal mientras vivía a salto de mata en España) para “romperles la madre” a sus enemigos del gabinete peñanietista, a los legisladores que supuestamente aceptaron sobornos para aprobar la reforma energética y a los propios funcionarios de la 4T con los que se alió y hasta al mismo Presidente, quien en su intención de ganar fichas para las elecciones de 2021, está ensuciando un proceso que pudo haber sido ejemplo de su tan cacareada cruzada contra la corrupción y la impunidad.
Las primeras declaraciones de Lozoya antes las autoridades judiciales de México no aportaron nada. El exdirector de Pemex se limitó a negar la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira, preso en España y con una solicitud de extradición. Ancira se deshizo hace poco de su empresa, que pasó a manos del consorcio Villacero. El cambio de manos estuvo asesorado por el consejo jurídico, Julio Scherer. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, Villacero se comprometió a regresar por lo menos 200 millones de dólares del sobreprecio al que AHMSA vendió la planta de Agronitrogenados a Pemex. ¿Qué clase de acuerdos palaciegos son estos?
Según las declaraciones de Lozoya, fue su amigo y compadre Alonso Ancira quien durante la campaña de Enrique Peña Nieto y en el periodo de transición depositó a sus cuentas el equivalente en dólares a 34 millones de pesos, con los que adquirió la casa de Lomas de Bezares que está dentro de las investigaciones por peculado. Lo que no dijo la FGR es que el dinero supuestamente provino de una asesoría entre septiembre y noviembre de 2012, respecto a una obra de ingeniería urbana, como lo dimos a conocer la semana pasada en la columna “El plan Lozoya, como show de Netflix”, con lo que ambos quedarían 'limpios'.
Cuando era funcionario de Pemex, Lozoya usaba los helicópteros de Pemex para aterrizar en su edificio favorito: las oficinas de AHMSA en Polanco. En 2017 le pregunté a Lozoya si no era eso un conflicto de interés, a lo que respondió afirmativamente. La complicidad y el compadrazgo entre Ancira y Lozoya están probados, y el plan que acordaron los abogados del exfuncionario con el fiscal y el consejero jurídico de la 4T, va conforme al guion: la victimización de Lozoya, que argumentará que fueron Videgaray y Peña Nieto quienes lo presionaron para comprar Agronitrogenados y Fertinal.
La peor parte de la historia es que Lozoya sí podría librar la cárcel, igual que su familia y los cercanos que supieron y participaron de todos los actos de los que se le acusa.
No cabe duda: Emilio Lozoya es un hombre con mucha fortuna.
Trama Cruz Azul, al rojo vivo
El lunes se soltó el rumor sobre una supuesta orden de aprehensión en contra del director general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez, por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero, la cual, aseguran en la cooperativa, es falsa. Luego se filtró que habría una protesta masiva de socios en su contra afuera de Palacio Nacional. La realidad es que la pugna entre el sobrino incómodo Víctor Manuel Velázquez y el director de Cruz Azul sigue al rojo vivo. A la protesta llegaron cerca de 80 trabajadores que en teoría apoyan a los disidentes. Del lado de los cooperativistas a favor del Billy Álvarez fueron cerca de 300 socios, quienes exigieron a la disidencia que deje de fabricar pruebas y pidieron a la UIF y a la FGR que resuelvan las denuncias de los expulsados con apego a la legalidad y transparencia.
‘Secuestran’ Promoción Turística
Para la Policía Cibernética y las autoridades judiciales de México, el empresario Sergio Loredo es un ‘ciberdelincuente’ porque tiene secuestrado un bien público; ni más ni menos que el instrumento de promoción turística del país: Visitmexico.com.
El secuestro del sitio se dio justo unos días después de que la industria turística nacional, los bancos establecidos en México y el secretario Miguel Torruco, junto con los secretarios de Hacienda, Economía y Bancomext-Nafin, anunciaran el Programa de Impulso al Sector Hotelero con créditos por 11 mil 400 millones de pesos. Era el relanzamiento de la industria para reactivar la economía.
El pretexto es una deuda que se asegura tiene el concesionario de Visitmexico, Braintivity, de Marcos Achar y Carlos González, pero más bien lo que está detrás es un jugoso contrato multianual por varios millones de dólares.
Lo de la deuda con su empresa es falso, asegura Braintivity, pues de acuerdo con los registros digitales del SAT, fue el 15 de julio el último pago del contrato existente.
Por ello, desde la semana pasada la Policía Cibernética sigue cada uno de los pasos de Tecnicen y Sinfoni.
Y es que más de un funcionario cercano al presidente ya prendió los focos cuando se informó que Sergio Loredo Foyo tiene bajo su control varias dependencias de la 4T, como es el caso del Banco del Bienestar.
El director de Tecnicen se ufana de su relación personal con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.
Loredo Foyo se atrevió a pedir la intervención del Presidente de la República para entregar el bien público secuestrado por él y sus socios; el pasado lunes anunció que iba a liberar el sitio propiedad de la Secretaría de Turismo y lo hizo sólo por tres horas, para volverlo a retener.
Con el secuestro de un bien público, Sergio Loredo escaló un presunto conflicto mercantil a un ámbito judicial federal. La Fiscalía General de la República lo investiga por conductas personales y empresariales que podrían constituirse en nuevos delitos.
SFP se va por la libre
A pesar de que el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, cuya titular es Ana Luisa Pliego Enríquez, habría notificado a la Secretaría de la Función Pública que concedió una suspensión provisional a favor de Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V. (Abisalud), en la que impediría dictar “resolución definitiva” del expediente SAN/017/2019, la dependencia al mando de Irma Eréndira Sandoval habría continuado el proceso contra la empresa del sector salud sin asegurarse, además, de que recibiera aviso alguno.
A las presuntas irregularidades se sumaría que la presunta presentación de “información falsa”, únicamente se referiría a que por un tropiezo administrativo se asentó a los accionistas iniciales en lugar de los actuales, pero sí se habrían entregado las actas en que quedaba constancia del cambio. Ante esto, el equipo legal de Abisalud alista acciones legales en la materia. Por su lado, el exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, niega relación alguna con dicha empresa.
@MarioMal
source https://sanluis.eluniversal.com.mx/content/la-fortuna-de-emilio-lozoya
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